La peculiar ‘doctrina Garzón’: Perseguir a los muertos y dejar escapar a los genocidas vivos

La sospecha de la aplicación de distintos raseros a hechos de parecida naturaleza planeó siempre sobre la investigación impulsada por el juez Baltasar Garzón a instancias de los allegados a desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo. En 1998 el magistrado no sólo no mostró la misma diligencia cuando la llamada Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama pretendió sentar en el banquillo al histórico líder comunista Santiago Carrillo como responsable de los fusilamientos masivos en esa localidad madrileña, sino que se pronunció de forma implacable contra la iniciativa.
En esa ocasión, Garzón desestimó «de plano» la querella y acusó a sus promotores de «mala fe procesal» y de «abuso del derecho» porque, según adujo en su auto, «con el respeto que me merece la memoria de las víctimas, no puede dejarse de llamar la atención frente a quienes abusan del derecho a la jurisdicción para ridiculizarla y utilizarla con finalidades ajenas a las marcadas en el artículo 117 de la Constitución Española y los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como acontece en este caso».
Pese a que los inspiradores de la querella pensaron que su empeño podía ser viable porque en esa misma época Garzón había hincado el diente al «caso Pinochet», el juez estimó también en su auto que «los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma». En consecuencia, Garzón concluyó que no cabía recurso alguno y consideró que «queda en tela de juicio la deontología profesional de quien tan a la ligera se toma las normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico». Veamos cuáles fueron los hechos.


EL GENOCIDIO DE PARACUELLOS
El nombre de Santiago Carrillo estará siempre unido a las matanzas de Paracuellos, una serie de episodios de asesinatos masivos organizados durante la Batalla de Madrid, en el transcurso de la Guerra Civil Española, y que llevaron a la muerte de varios miles de prisioneros considerados opuestos al bando republicano. Los hechos se desarrollaron en los parajes del arroyo de San José, en Paracuellos de Jarama, y en el soto de Aldovea, en el término municipal de Torrejón de Ardoz, ambos lugares cercanos a la ciudad de Madrid.
Las matanzas se realizaron aprovechando los traslados de presos de diversas cárceles madrileñas, conocidos popularmente como sacas, llevados a cabo entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, mientras se enfrentaban las tropas gubernamentales y franquistas por el control de la ciudad. Del total de 33 sacas de presos que tuvieron lugar en las fechas citadas, 23 de ellas terminaron en asesinatos.
Los convoyes fueron desviados hacia los lugares del arroyo San José, en la vega del río Jarama, y a un caz o canal de irrigación fuera de uso, en la vega del río del Henares donde miles de prisioneros fueron asesinados. Entre ellos se encontraban militares que habían participado en la sublevación o que no se habían incorporado a la defensa de la República, falangistas, religiosos, militantes de la derecha, burgueses y otras personas que en su inmensa mayoría habían sido detenidas por ser consideradas como partidarias de la sublevación, y custodiadas sin amparo legal ni acusación formal.
Tras ser extraídos de las prisiones con listas elaboradas y notificaciones de traslado o libertad con membrete de la Dirección General de Seguridad y, en ocasiones, firmadas por Segundo Serrano Poncela, el delegado de Orden Público de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, encabezada por Santiago Carrillo, y posteriormente fusilados de manera sumaria por milicias pertenecientes a las organizaciones obreras. Antes del 7 de noviembre ya habían tenido lugar algunas sacas, especialmente durante el mes de octubre, fruto del cambio de manos del control de las prisiones, que pasó de las de los funcionarios de prisiones a las de las milicias a raíz del asalto a la Cárcel Modelo, que tuvo lugar el 22 de agosto de 1936, si bien el número de asesinados fue mucho menor y carecieron del carácter sistemático y organizado que tuvieron las de noviembre y diciembre.
Las matanzas de Paracuellos son consideradas las de mayor dimensión que tuvieron lugar en la retaguardia de la zona republicana. El número de asesinados ascendió a varios miles, entre 2.000 y 5.000, si bien la cifra exacta sigue siendo objeto de discrepancia y controversia. También son objeto de enconadas discusiones aspectos como quién dio la orden de ejecutar a los evacuados de las cárceles, por qué unas sacas terminaron en asesinatos masivos en tanto que en otras los prisioneros llegaban sanos y salvos a su destino y, en definitiva, las responsabilidades directas e indirectas de los fusilamientos.
Junta de Defensa
Sostuvo el juez Garzón que en el genocidio de Paracuellos no había implicados altos funcionarios del Gobierno. A su sectarismo judicial habría que añadir una aún peor falta de rigor histórico. ¿Desconocía acaso el puesto que ocupaba Santiago Carrillo Solares en la Junta de Defensa de Madrid, representación en la capital del huido Gobierno de la República?
La carta recibida por el general José Miaja del Gobierno establecía que la Junta contaría «con representaciones de todos los partidos políticos que forman parte del Gobierno y en la misma proporcionalidad que en éste tienen dichos partidos», sin especificar, sin embargo, el modo de designación de los mismos. Finalmente se acordó que cada uno de los partidos estuviese representado por un titular y un suplente, quedando conformada su composición como sigue:
Presidencia: José Miaja Menant.
Secretario: Fernando Frade (Partido Socialista Obrero Español).
Suplente: Máximo de Dios (Partido Socialista Obrero Español).
Guerra: Antonio Mije García (Partido Comunista de España).
Suplente: Isidoro Diéguez Dueñas (Partido Comunista de España).
Orden público: Santiago Carrillo Solares (Juventudes Socialistas Unificadas).
Suplente: José Cazorla Maure (Juventudes Socialistas Unificadas).
Industrias de Guerra: Amor Nuño Pérez (Confederación Nacional del Trabajo).
Suplente: Enrique García Pérez (Confederación Nacional del Trabajo).
Abastecimientos: Pablo Yagüe Estevará (Casa del Pueblo).
Suplente: Luis Nieto de la Fuente (Casa del Pueblo).
Comunicaciones: José Carreño España (Izquierda Republicana).
Suplente: Gerardo Saura Mery (Izquierda Republicana).
Finanzas: Enrique Jiménez González (Unión Republicana).
Suplente: Luis Ruiz Huidobro (Unión Republicana).
Información y Enlace: Mariano García Cascales (Juventudes Libertarias).
Suplente: Antonio Oñate (Juventudes Libertarias).
Evacuación: Francisco Caminero Rodríguez (Partido Sindicalista)
Suplente: Antonio Prexés Costa (Partido Sindicalista).
Frade y Mije fueron sustituidos el día 4 de diciembre de 1936 por De Dios y Diéguez respectivamente. Santiago Carrillo cesó en su cargo de consejero de Orden Público el día 24 de diciembre de ese mismo año, siendo sustituido al día siguiente por su suplente, José Cazorla.