¿Prevaricaron el presidente de la Junta y todo su consejo de gobierno al no abrir expediente a Chaves?

Los hechos son contundentes. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha sentenciado que la actitud del órgano que decidió no instruir expediente a Manuel Chaves fue “arbitrario e injustificado”. El órgano en cuestión fue el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que preside José Antonio Griñán. La pregunta que hoy se hacen muchos juristas y políticos es si este comportamiento puede ser considerado como el correspondiente al delito de prevaricación.

Según los expertos, la prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración.

La prevaricación tiene los siguientes requisitos:

* La persona que realiza la prevaricación debe ser una autoridad o funcionario.
* En el ejercicio de su cargo.
* Que la resolución injusta se dicte sabiendo que lo es. Debe existir dolo.

Se dice con suma claridad en el artículo 404 del Código Penal:

Artículo 404.

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Precisamente “arbitrario” es lo que considera la sentencia del TSJA ha sido el comportamiento del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Mientras tanto, el presidente del PP-A, Javier Arenas, ha acusado al presidente andaluz, José Antonio Griñán, de haber “tratado de impedir la investigación” sobre Matsa, y de ser “responsable del oscurantismo que rodea todas sus decisiones”, después de la sentencia que ordena expedientar a Manuel Chaves. Arenas ha afirmado que la sentencia del TSJA tiene mucha “trascendencia e importancia”, ya que pone de manifiesto, a su juicio, determinados abusos que no van a dejar de ser investigados.

El dirigente popular ha añadido que Andalucía padece el tándem Chaves-Griñán, que es el “tándem del abuso, los privilegios y el oscurantismo”, y que espera que la Junta cumpla con la sentencia y proceda a investigar de inmediato. Reclama una investigación en torno a la «red clientelar» del expresidente.

El PP, naturalmente, quiere que el Ejecutivo de Griñán cumpla el fallo del Alto Tribunal andaluz y lo haga hoy mismo, en la reunión semanal del Consejo de Gobierno en San Telmo.”Que se actúe sin dilación para que se frene la mala imagen de Andalucía» y que se tome una decisión «ejemplarizante», fueron los dos argumentos esgrimidos por el secretario general del PP-A, Antonio Sanz.

Sanz es el que ha puesto el dedo sobre la llaga de la prevaricación. Dato que el TSJA ha calificado de «arbitraria» la actuación de la Junta en todo el procedimiento, ya que desde el principio buscó la exculpación del expresidente, ha habido «uso fraudulento de la Administración» y se ha tomado una decisión «a sabiendas de que era ilegal». O sea, prevaricación.

Javier Arenas, Ricardo Tarno, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría han reclamado a la Junta que acate la sentencia y proceda a la apertura de un expediente al vicepresidente tercero del Gobierno. Sanz exigió la creación de una comisión de investigación en el Parlamento para aclarar «hasta el final la red de favores y clientelismo existente en torno a la familia de Chaves» durante sus casi 20 años como presidente de la Junta.

Vuelve ahora, naturalmente, el caso de Climo Cubierta, en el que los intereses de dos hermanos de Chaves –Antonio José y Leonardo– se estaban en la misma relación que Manuel Chaves y su hija Paula. Como director general de la Junta, Leonardo Chaves adjudicó contratos a la empresa que asesoraba el primero. Los argumentos del Gobierno andaluz entonces para negar una vulneración de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos y no proceder a una investigación fueron similares a los que ahora ha rechazado el TSJA por el incentivo concedido a Matsau. Claro, que el presidente del consejo de gobierno era entonces Manuel Chaves.

El PSOE ampara a Chaves pero IU exige que se le expediente

Marcelino Iglesias atribuyó las críticas a la «inquina» del PP como la presidenta en Andalucía, Rosa Torres, para la que la honestidad del vicepresidente tercero ha quedado asegurada «a prueba de bomba». Torres restó trascendencia al fallo del TSJA: «No hay ni una mota de polvo» y se trata sólo «de cuestiones relacionadas con el procedimiento administrativo».

Pero también el coordinador regional de IU, Diego Valderas, aconsejó ayer a la Junta que «cumpla con las recomendaciones» del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y no recurra la orden de abrir expediente sancionador al ex presidente Manuel Chaves en relación con el ‘caso Matsa’.

Valderas afirmó que la Junta «puede recurrir, porque es su derecho y está en su legitimidad», pero «sin querer meter más el dedo en el ojo de nadie», también está «en la legitimidad de aconsejarle que sería bueno no someter a ningún tipo de tensiones al TSJA y cumplir con las recomendaciones que han hecho en cuanto al expediente», ya que considera que Chaves «incumplió la Ley de Incompatibilidades».

Valderas recordó que desde IU «desde el primer momento» se dijo que Chaves «tenía que haber sido más respetuoso con la Ley de Incompatibilidades y no haber participado en esa votación en el momento en el que se daban subvenciones a una empresa que tenía determinadas relaciones con su hija», algo que definió como un «acto de olvido, por no querer calificarlo con mayor dureza».

El coordinador de Izquierda Unida en Andalucía dijo que «el Gobierno de la Junta, su presidente y sus consejeros, están obligados a cumplir las leyes» y están llamados «a ser muy respetuosos con las decisiones del Tribunal Superior de Justicia», por lo que recomienda «que se cumpla con lo que ya plantea» aunque exista el derecho al recurso.