Anulada la autorización del ERE de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla)

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Sevilla ha "anulado" la autorización del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por 'Vinnell-Brown ant Root Spain' (VBR) en los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España.

   Después de que este procedimiento se saldase con la extinción de 119 puestos de empleo con las máximas indemnizaciones recogidas en las normativas laborales, dos de las afectadas habían recurrido la autorización del ERE en cuestión. Un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó una "irregularidad" o "indicio racional de fraude" en el acuerdo inicial alcanzado entre las partes, lo que motivó la exclusión de 31 personas al no estar prestando sus servicios en la base en el momento de ser acordado este ERE.

   Sergio Martínez Fernández, secretario general de la sección de UGT en los servicios civiles de la base, ha informado a Europa Press de que el comité de empresa tiene en su poder esta sentencia, que "anula" la resolución firmada el 9 de diciembre de 2010 por la delegada provincial de la Consejería de Empleo, Aurora Cosano, a cuenta del recurso promovido por dos de las trabajadoras incluidas en el procedimiento, como había avanzado el rotativo 'ABC'. En ese sentido, ha explicado que los sindicatos han elevado a sus servicios jurídicos una "consulta" para esclarecer si el fallo tiene efectos sobre el procedimiento íntegro o exclusivamente sobre las dos demandantes.

EL ERE DE LA BASE DE MORÓN

   'Vinnell-Brown ant Root Spain', adjudicataria desde el 1 de agosto de 2010 de los servicios civiles de esta base cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, había impulsado un ERE "por causas organizativas, productivas y de fuerza mayor", destinado a extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos a los servicios de mantenimiento. Tras la correspondiente negociación durante el periodo de consultas, el pasado 24 de noviembre de 2010, la compañía y el comité de empresa aprobaron un acta final que reducía a 150 el número de empleos a destruir, toda vez que el acuerdo estaba respaldado por los representantes de UGT y CCOO en el comité de empresa, pero la organización sindical USO se había desligado de tal pacto.

   Merced a este expediente de regulación de empleo, los trabajadores acogidos al procedimiento recibirían la indemnización máxima legalmente fijada de 45 días por año trabajado, si bien aquellos que hubiesen cumplido los 55 años de edad serían prejubilados.

   La autorización de este expediente de regulación de empleo, librada el 9 de diciembre de 2010 por la delegada provincial de la Consejería de Empleo, Aurora Cosano, y recogida por Europa Press, reflejaba que dicho departamento había solicitado previamente a la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social diversos informes en cuanto a este procedimiento, cosechando de dicho departamento del Servicio Público de Empleo Estatal tres informes emitidos los días 25 y 26 de noviembre y 2 de diciembre de 2010.

EXAMEN DE LOS CONTRATOS

   En el informe correspondiente al 2 de diciembre, siempre según este documento de la Delegación provincial de la Consejería de Empleo, la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social señalaba que "examinados los contratos de trabajo de los 150 trabajadores potencialmente afectados y contrastadas las altas y las bajas, se ha detectado que 31 empleados causaron baja en la empresa con anterioridad al acuerdo suscrito". Tal "irregularidad", según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constitía "un indicio racional de fraude". Tal advertencia surgía en contestación a un escrito de alegaciones promovido por USO en cuanto al acuerdo contenido en el acta final del periodo de consultas del ERE.

   No obstante, la propia autorización del ERE recoge, merced a los informes de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social, que el 1 de diciembre de 2010, la compañía y el comité de empresa habían ratificado el acuerdo contenido en el acta final pero "solicitando la exclusión del listado de contratos a extinguir los correspondientes a los trabajadores que ya no prestaban servicios a fecha del 23 de noviembre", lo que reducía a 119 el número de empleados potencialmente acogidos al procedimiento.