LA VERDAD SIN DISIMULO

Traducción de un artículo publicado el jueves 6 de septiembre en varios periódicos económicos alemanes, por Stefanie Claudia Müller, su corresponsal en España:

Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios, y donde seguro hablarán sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.

En Alemania crece la critica contra la supuesta “mentalidad de fiesta” de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.

España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas. Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.

Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011-, excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes-, ni pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15- ni pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.

La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.

Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas.

Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa . Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solamente puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente corrompidas.

La pasada semana el ministro de Industria Soria -imputado también por corrupción urbanística en Canarias- acusó al ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de 7.000 millones de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.

No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.

Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal.

El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España.

En noviembre de 2011, el anterior Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.

Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, por lo cual en 2012 se está gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.

Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.

Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente aniquilada.

Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.

*Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista.

El final del delirio autonómico

Los errores en su planteamiento y en su desarrollo están llevando al colapso definitivo del estado autonómico tal y como lo conocemos.Independientemente del dinero disponible, cada organización tiene que tratar de estructurarse de la forma que considere más eficiente o deseable. En España, la Constitución optó por definir un modelo descentralizado de gestión en tres niveles básicos (estado central, comunidades autónomas, ayuntamientos) que en teoría no tendría por qué ser peor que otros modelos con distinto grado de centralización.

Sin embargo, la ambigüedad de la Constitución permitía modificar extraordinariamente el peso relativo de esos tres niveles. Y la clase política ha aprovechado ese hecho para poner en marcha, a lo largo de los últimos treinta años, un proceso de descentralización en el que el Estado ha ido cediendo cada vez más competencias a las Comunidades Autónomas, hasta quedar prácticamente reducido a un papel residual, de mero encargado de pagar las pensiones y el seguro de desempleo.

¿Y por qué se ha hecho eso? ¿Es que acaso se trataba de una demanda social? Para responder a esa pregunta, acudamos a los datos demoscópicos disponibles. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha ido pulsando año tras año la opinión de los españoles sobre la organización territorial del Estado y sobre el proceso de descentralización autonómica. Y los resultados de esa labor de prospección sociológica resultan bastante sorprendentes y reveladores.

Un estado autonómico artificial

La gráfica siguiente muestra la actitud de los españoles sobre el proceso de descentralización, indicando cuántos eran partidarios en cada momento de dar más competencias a las CCAA y cuántos eran contrarios a hacerlo:

Como puede verse, los españoles nunca han sido partidarios de que el Estado cediera más competencias a las autonomías. Al preguntarles sobre el grado de autogobierno, una clara mayoría de los españoles se mostraba partidaria, año tras año, de dejar el estado autonómico como estaba o incluso de quitar competencias a las CCAA. Por cada español partidario de descentralizar, había dos españoles opuestos a hacerlo.

Pero, en contra de la opinión mayoritaria de los españoles, la clase política ha ido cediendo, año tras año, cada vez más competencias a las autonomías. Lo cual demuestra que el estado autonómico y su actual nivel competencial nunca han sido otra cosa que un invento de nuestra clase política, empeñada en llevar a cabo una centrifugación del Estado que la sociedad ni demandaba, ni quería.

El resultado de ese proceso de descentralización no ha sido una mejora en la eficiencia del servicio al ciudadano, sino un aumento de la desigualdad entre los españoles, una proliferación de castas políticas locales, una multiplicación injustificada del gasto público, una perpetua vulneración de los derechos constitucionales en buena parte del territorio y una creciente ineficiencia de nuestra economía.

Con la crisis hemos topado

Mientras el dinero fluía, las desigualdades, ineficiencias e injusticias inducidas por el estado autonómico han sido toleradas, mal que bien, por la ciudadanía. Ante cada nueva ronda de descentralización, los españoles asumían resignadamente el nuevo statu quo: la opinión pública no era partidaria de dar más competencias a las autonomías, pero tampoco existía ningún clamor por revertir las decisiones tomadas por la clase política, que no dudaba por ello en seguir el camino de los hechos consumados.

Pero con la llegada de la crisis el modelo ha saltado en pedazos. Al faltar el soporte financiero, la disyuntiva existente se ha planteado con toda crudeza: o desmontamos el artificial estado autonómico o desmontamos el estado del bienestar. Y el malestar acumulado se ha desbordado en las encuestas.

La gráfica siguiente indica el porcentaje de españoles partidarios de recentralizar el estado (eliminar las CCAA o reducir sus competencias), frente a los partidarios de mantener el estado autonómico en su forma actual o de continuar descentralizando (dando más competencias a las CCAA o reconociéndolas el derecho de autodeterminación). Como puede verse, el cambio de tendencia experimentado a partir del segundo semestre de 2007 ha sido brutal:

¿Hacia un estado jacobino?

El creciente malestar ciudadano con el estado autonómico se pude visualizar de manera todavía más gráfica si nos fijamos en el porcentaje de españoles que directamente pide que el estado autonómico se suprima por completo, para volver a un único gobierno central:

El estado autonómico había ido consolidándose desde 1984, con un porcentaje cada vez menor de gente frontalmente opuesta al mismo, pero la crisis ha disparado la demanda de una redefinición total del modelo. Ya son 1 de cada 4 los españoles que piden que las autonomías se eliminen por completo.

¿Y qué pasa con el separatismo?

Para terminar, fijémonos en el otro extremo del espectro, el de los españoles que demandan que las comunidades autónomas puedan tener el derecho de autodeterminarse. La gráfica siguiente muestra el porcentaje de personas partidarias de llevar la descentralización hasta esas últimas consecuencias:

Como puede verse, los españoles que no desean serlo no superan el 10%, y su porcentaje se ha mantenido aproximadamente constante a lo largo de los años. Ni la concesión de más autonomía a las comunidades ha hecho disminuir ese sentimiento separatista, ni tampoco treinta años de adoctrinamiento nacionalista lo han hecho aumentar.

Lo cual hace aún más sangrante la evolución a lo largo de los años: ¿por qué el 90% de españoles han tenido que ceder, año tras año, para contentar a una ínfima minoría que, de todos modos, jamás va a darse por contenta?

Conclusiones

A la vista de estos datos, queda claro que la actual organización del estado es una construcción artificial de la clase política, que no respondía a ninguna demanda social y que ha fracasado a la hora de acabar con los problemas provocados por el nacionalismo. Se ha sacrificado la igualdad y el bienestar de los españoles, sin con ello conseguir desactivar las tensiones separatistas.

Queda claro también que la crisis ha provocado una quiebra del modelo: nuestra clase política ha tensado demasiado la cuerda y esa cuerda ahora se ha roto. La prolongación de la crisis terminará por convertir en un clamor lo que ahora es solo un grito: que los españoles prefieren prescindir del estado autonómico antes que ver cómo se resquebraja el estado del bienestar.

La pregunta es: ¿será capaz nuestra clase política de reinventarse y de poner fin al delirio autonómico, o está tan atada al estado autonómico que preferirá hundirse con él?

La Cámara de Cuentas revela el descontrol general del Servicio Andaluz de Empleo

La Cámara de Cuentas ha hecho un informe sobre el Servicio Andaluz de Empleo(SAE), cuyo desarrollo fue uno de los objetivos fundamentales delVII Acuerdo de Concertación que acaba en 2013, y sus conclusiones son llamativas. Se sabe ahora que todas las subvenciones para el fomento del empleo incumplen la obligación de ser concedidas en régimen de concurrencia competitiva. Esto es, se dan según el criterio del gobierno socialista y, por si fuera poco, llegan a retrarse hasta dos años en una comunidad con más de un 30 por ciento de paro desde hace años. En las Escuelas Taller y Talleres de Empleo, la inserción laboral posterior no se cumple y en general, todo está plagaado de deficiencias administrativas y contables que hacen imposible el seguimiento preciso del dinero empleado y su utilidad real. 

Ayudas para el fomento del empleo.

Sólamente en dos de los indicadores del programa presupuestario 3.2.B “Fomento e igualdad en el empleo” se ha alcanzado el resultado previsto y se hace difícil con los sistemas actuales medir la repercusión de las subvenciones en un horizonte temporal más amplio, en la línea de los establecidos para los fondos estructurales de la Unión Europea.

La Cámara concluye que el SAE no dispone de un plan propio global de las subvenciones destinadas al fomento del empleo que contemple los objetivos previstos ni con un plan de actuación o contrato de gestión ni con un plan de acción anual, tal como establecen los estatutos de la entidad.

Además, "todas las líneas de subvenciones para el fomento del empleo objeto de fiscalización se conceden a través del régimen de concurrencia no competitiva a pesar de que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece como regla general de concesión el procedimiento

de concurrencia competitiva."

Además de problemas de control interno, no se piden intereses de demora cuando alguien incumple las condiciones de la subvención y tiene que devolver el dinero: 

Curioso es el trapicheo contable de estos fondos que deberían contabilizarse como gastos corrientes, pero que consignan como traansferencias de capital, contra el criterio del Servicio Público de Empleo Estatal y de tras Comunidades Autónomas, que contabilizan estas ayudas en el capítulo IV “Transferencias

corrientes”.

"Con carácter general, ni en las resoluciones de concesión ni en ningún otro documento se motiva la diferencia entre lo solicitado y lo finalmente cvoncedido", lo cual da pie a la creencia en la existencia de arbitrariedades.

Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo: ni inserción laboral ni utilidad profesional 

Según los informes elaborados por los beneficiarios a los seis meses de finalización del proyecto, en 19 de los 28 proyectos finalizados de ETCOTE de los que se dispone de información, no se han alcanzado los porcentajes de inserción laboral previstos. Además, la mayoría de los empleos creados son temporales y en ocupaciones no relacionadas con las especialidades de los módulos cursadas por los alumnos.

Todavía no se ha aprobado, tal como habilita la disposición final tercera de Orden reguladora de estas ayudas (Orden de 5 de diciembre de 2006), un

reglamento adaptado a la misma. No puede extrañar, pues, que "no haya" criterios objetivos y baremados, aplicables en todas las direcciones provinciales, para realizar las propuestas de los proyectos incentivables y determinar el importe de la ayuda." Dicho de otro modo, es el Presidente del SAE nombrado por el PSOE el que resuelve.

Tampoco se aplican criterios uniformes en las distintas direcciones provinciales en cuestiones tales como la determinación del porcentaje de inserción laboral de los proyectos, el procedimiento empleado para garantizar la reserva de plazas a minusválidos y mujeres, los criterios empleados para la selección del personal docente y los alumnos-trabajadores, la interpretación de algunos de los requisitos que deben cumplir los proyectos y la documentación justificativa a incluir en el expediente.

En la convocatoria para el ejercicio 2009 no se alcanzó el cupo mínimo del 5% de plazas paraminusválidos, situándose en un 4,2 %. Por otro lado, en algunos de los expedientes analizados no se cumple el requisito de que al menos el 50% de los alumnos sean mujeres

Como ya va siendo costumbre, el dedo se impone en la selección del personal agraciado con estos cursos. La Cámara lo dice más crípticamente: "En la mayoría, la entrevista, criterio de marcado carácter subjetivo, es el factor decisivo a la hora de la elección."

Tampoco se da publicidad a estos instrumentos. "Casi en la totalidad de los expedientes analizados no hay constancia de que se haya producido

la publicidad del proyecto en un medio local, tal como establece el art.36 de la Orden.

La contabilidad parece surrealista, porque "la mayoría de las facturas no identifican el expediente o proyecto asociado a dicho gasto, no disponiendo de un sistema de validación y estampillado que permita el control de la concurrencia de las subvenciones de conformidad con el artículo 30 de la LGS, el artículo 73 del RGS y la propia orden reguladora.(§ 52). Recomienda la Cámara algo que puede considerarse escandaloso porque quiere que "en las facturas de gastos presentadas como justificantes se identifique el expediente o proyecto subvencionado, de forma que se garantice que cada factura está asociada

a un único expediente."

La Junta, por si fuera poco, no revisa los proyectos. "Solamente en la Dirección Provincial de Huelva se realizan visitas periódicas a los proyectos de

ETCOTE que están en ejecución con objeto de comprobar cómo se están desarrollando y se deja constancia de las mismas en informes técnicos elaborados por el responsable de la visita."

LO mismo sucede en los Centros Especiales de Empleo, desde incumplimientos administrativos a expedientes incompletos( en la mayoría de los expedientes no constan todos los contratos y los certificados de minusvalía de los trabajadores; y en el 50% no se incluye el certificado de asiento contable. 

Plan Memta

Es el Plan de medidas extraordinarias para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo. La Cámara analizó 16 expedientes por importe de 2.040.214,06 euros de los que 11 se encuadran en la medida destinada a la adquisición de experiencia laboral (tres proyectos de interés

general y social, y ocho actuaciones especiales para la consolidación de empleo), y los cinco restantes se corresponden con acciones específicas de búsqueda de empleo.

Las conclusiones de la Cámara son: 

a)En numerosos expedientes no consta documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos del proyecto y de las personas destinatarias

b) Hay solicitudes extemporáneas, incumplimientos de los plazos de resolución y de presentación de la justificación. 

c)El pago de las ayudas a los participantes en grupos de búsqueda intensiva de empleo no se produce, en ningún caso, de la forma que prevé la normativa. 

d) No está regulado el proceso selectivo del personal y de los alumnos participantes en los proyectos, a diferencia de lo que ocurre para las Escuela Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

Empleo estable y Plan Más Autónomo

En el expediente analizado por el que se incentiva la contratación indefinida en una empresa de más de 250 trabajadores a través de la firma de un contrato programa, sólo se ha conseguido la mitad de la contratación prevista.

En relación con las ayudas a grandes empresas, no se especifica la cuantía dela ayuda por cada contratación indefinida según el colectivo de pertenencia del trabajador. Tanto la normativa de la línea de empleo estable como la del plan más autónomo no resultan concretas en cuanto al reintegro proporcional. 

A pesar de que la norma establece como uno de los criterios preferentes de selección de los proyectos, la acreditación de un mayor nivel de inserción laboral, bien mediante incorporación directa a la entidad beneficiaria de los trabajadores a la finalización del proyecto o en un plazo establecido entre la entidad y el SAE, en los expedientes no consta nada al respecto.Es más, no se realiza seguimiento de la inserción en el mercado de trabajo de los participantes en los proyectos.

Además, todas las ayudas analizadas siguen contabilizándose en el capítulo VII “Transferencias de capital” del presupuesto de gastos del SAE; continúan produciéndose descuadres entre las liquidaciones mensuales y el resumen anual del IRPF; se han detectado diferencias, al igual que en 2004, entre la plantilla presupuestaria y la plantilla real; y se siguen detectando deficiencias similares en los expedientes de ayudas concedidas en 2009.

La Junta presenta una restricción histórica del gasto (culpando a Rajoy) y no provincializa los presupuestos

La primera cosa es histórica en Andalucía porque las cuentas que presentarán PSOE e IU hoy miércoles en el Parlamento son las más restrictivas de la democracia aunque se culpe de ello al gobierno Rajoy. La segunda, lleva camino de hacerse crónica, porque una de las maneras que la Junta utiliza para que no se conozcan en qué se recorta, en cuánto y a quiénes es no ofrecer los presupuestos provincializados como era la costumbre antes de la llegada de Griñán a la presidencia. 

Tradicionalmente, el Gobierno andaluz siempre ha ido desvelando por capítulos los ingredientes de los Presupuesto autonómicos. Un día tocaba la previsión de crecimiento económico y de empleo; a la semana siguiente, mostraba las fuentes de ingresos de las cuentas; a la otra, la política de gastos; y por último, presentaba el envoltorio en forma de proyecto de ley con su entrada en el registro del Parlamento andaluz.

Los presupuestos preveen un tope del déficit del 0,7% del PIB. Con una tasa de paro del 35,42%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) y un decremento del PIB de entre el 1 y el 1,5 por ciento, el Ejecutivo de coalición propaga que habrá una partida de más de 370 millones de euros desperdigados en varios programas para el empleo, 177 millones para un plan de choque de empleo; 60 millones para un programa de acción social ligado a los ayuntamientos; 78,5 millones para el fomento del empleo agrario; 45 millones para la rehabilitación de viviendas; y 10 millones para movilidad sostenible (carriles bici) en municipios. El Presupuesto para 2013 rondará los 30.000 millones, similar al del año 2007.

IU no parece haber conseguido que en los nuevos presupuestos figuren incrementos de impuestos sobre los depósitos de residuos en vertederos, grandes superficies comerciales, aprovechamientos cinegéticos, viviendas vacías y tierras infrautilizadas.

Para frenar la caída de ingresos, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que dirige la socialista Carmen Martínez Aguayo, confía mejor en un plan de lucha contra el fraude fiscal.

Griñán ya ha anunciado que el capítulo que más se reducirá será de nuevo el de la inversión. “Una carretera puede aplazarse de un año para otro, pero no podemos permitirnos el lujo de retroceder en educación o de no asistir a las personas que están perdiendo empleo”, explicó según El País.

Nada ha trascendido sobre el futuro del sector público y la cantidad ingente de empresas, fundaciones y entidades varias en este presupuesto. La consejera Martínez Aguayo pareció dar a entender que disminuirán las transferencias de la Junta a estos entes instrumentales y que cada una de ellos debería tomar sus propias decisiones de ajuste, pero hasta el momento el Gobierno andaluz ha preferido reducir salarios a despedir a trabajadores.

Otro año sin provincialización o cómo ocultar los recortes y las preferencias

Se espera que, como en años anteriores, ni los gastos ni los ingresos ni las inversiones ni los programas aparezcan provicializados como era costumbre antes de llegar José Antonio Griñán a la presidencia de la Junta. En los presupuestos anteriores, siempre se acompañaba un anexo provincializado de inversiones. Desde 2010, ya no se hace lo que impide, dice El Mundo, que la oposición, los periodistas o cualquier ciudadano pueda saber qué obras van a sufrir los mayores recortes y demoras derivados de la crisis económica.

Al parecer, la consejera Carmen Martínez Aguayo ha dejado entrever que se detallarán algunos proyectos estrella a desarrollar en algunas provincias, pero nada decía sobre el que los presupuestos se acompañaran del anexo provincializado de inversiones.

El 31 de noviembre de 2011, con Griñán ya en la presidencia, la Junta eliminaba por vez primera ese archivo del pen drive que Aguayo entregaba a la presidencia del Parlamento.

Aunque sea muy incómodo detectarlos, los datos están provincializados pero hay que ser como mínimo un experto para averiguar dónde están situados y leerse prácticamente todos los documentos.

Curiosamente, será Izquierda Unida la que quede, una vez más, en evidencia si los presupuestos a presentar hoy no conllevan la provincialización deseada porque fue su propio coordinador general de IU-CA y ahora vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, el que tildó de «tramposo y opaco» el presupuesto andaluz, por lo que presentó una enmienda a la totalidad a las cuentas.

Y por si fuera poco, Ignacio García, presidente ahora de la Comisión de Investigación sobre los ERE el que, en un pleno del Parlamento, calificó de «claro retroceso democrático» que se fuera «para atrás en la descripción de las inversiones », subrayando que era «muy grave» que no se provincializaran.

Por tanto, no va a ser fácil descubrir qué provincias han sido beneficiadas y cuáles perjudicadas(indicador de la relación de fuerzas dentro de los partidos de gobierno). El popular Juan Ignacio Zoido, reclamó recientemente a Griñán que este año volviera detallar las inversiones de la Junta, provincia por provincia pero la respuesta se tendrá hoy mismo.

Las contrataciones de la Junta, intermediadas por empresas públicas, denunciadas por la Cámara de Cuentas y los funcionarios

La Junta de Andalucía contrata empresas o entes públicos que, a su vez, contratan a empresas privadas para desarrollar tareas que, según los funcionarios, pueden ser desempeñadas con toda normalidad y profesionalidad por ellos mismos. Tal situación provoca el desperdicio de los valores profesionales de los funcionarios y empleados públicos andaluces al tiempo que incrementan seriamente el coste de los servicios. Por ejemplo, la Consejería de Educación ha contratado en los últimos meses trabajos externos en todas las provincias andaluzas a un ente de la «administración paralela», que a su vez hace de intermediario ante empresas privadas, para la realización de una serie de servicios de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de centros públicos por importe superior a los 4,5 millones de euros.

La contratación ha sido denunciada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, al entender que con tales decisiones se ha marginado a los empleados públicos. Después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (dependiente de la Consejería de Hacienda) paralizara cautelarmente el contrato suscrito en la provincia de Córdoba, la central sindical ha solicitado al mismo órgano arbitral la suspensión de los restantes y ha exigido que se depuren las correspondientes responsabilidades.

José Manuel Mateo, presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), ha dirigido un escrito al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en el que denuncia que actualmente se encuentran en fase de licitación y adjudicación un total de siete expedientes de contratación, que han recaído en el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, uno de los múltiples instrumentos de la denominada «administración paralela» de la Junta.

Recuerda el presidente del Sindicato que después de una anterior protesta ante el Tribunal, al detectarse una primera licitación en la provincia de Córdoba, el contrato quedó paralizado de forma cautelar. Ahora, la intención de la central sindical es que el mismo órgano arbitral bloquee el proceso en toda Andalucía.

En el caso de Córdoba, el importe del contrato para realizar servicios de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, ascendía a 957.493,20 euros. El de Málaga, a 684.840 euros; Granada, 530.400; Almería, 585.000; Huelva, 224.640; Jaén, 447.720; Sevilla, 644.280, y Cádiz, 546.000. En total, más de cuatro millones y medio de euros.

Para gestionar los fondos la Consejería, según el Sindicato de Funcionarios, contrata al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, que a su vez adjudica los trabajos definitivamente, en la mayoría de los casos, en empresas privadas.

Son mayormente labores relacionadas con la gestión económica de los centros educativos, pero también vinculadas a cuestiones tales como preinscripciones, matriculaciones y grabación de datos personales de los alumnos, algo que en opinión del Sindicato es una responsabilidad exclusiva de los funcionarios. De hecho, en el escrito presentado por el presidente del SAF, José Manuel Mateo, éste reclama la anulación de los contratos y que las atribuciones de los mismos recaigan en el personal funcionario de carrera.

Igualmente, pide que se remitan las actuaciones a los órganos correspondientes para dirimir «las posibles responsabilidades en que pudieran haber incurrido los titulares de los órganos administrativos que correspondan por la externalización improcedente de servicios».

A juicio del SAF, ello podría suponer, en contra de la legalidad, una atribución directa o indirecta de potestades a personal ajeno a la función pública».

Las encomiendas de gestión, otro intrumento de la Junta para marginar a sus funcionarios de la gestión propia, desautorizadas por la Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas de Andalucía insinúa en un informe de fiscalización que alude a las encomiendas de gestión que pueden no ser necesarias y que en todo caso necesitan justificación. Además, no se explica por qué no se contratan los servicios con empresas privadas directamente y se les obliga a la intermediación de una empresa pública o ente participado y cifra al menos en un 6% el sobrecoste que se origina. 

En su informe se dice textualmente: 

"Otro aspecto a destacar es la utilización de las encomiendas de gestión a entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Mediante las encomiendas, las consejerías y sus agencias ordenan a sus sociedades mercantiles y fundaciones cuyo capital o aportación económica, respectivamente, sea en su totalidad de titularidad pública, la ejecución de actividades o cometidos propios de aquellas, siempre que ejerzan sobre ellas un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios y dichas entidades instrumentales realicen la parte esencial de su actividad para la Junta de Andalucía. La fiscalización de las encomiendas de gestión ha presentado varias incidencias que podrían resolverse. Se trata de las siguientes cuestiones:

1. La justificación de la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos encomendados resulta escueta y no presenta razones suficientes para utilizar la encomienda de gestión. Por ello, se recomienda concretar, entre otros factores, la insuficiencia de medios humanos y materiales de las consejerías, así como la disponibilidad e idoneidad de los recursos de las entidades del sector público que puedan ejecutar las tareas encomendadas en contraposición a las posibilidades de aplicar la legislación de contratación pública.

2. Sería recomendable que la certificación de conformidad de la realización de los servicios encomendados se acompañara de evidencias o pruebas de los trabajos ejecutados.

3. Debe mejorarse la elaboración de las memorias o informes finales de evaluación sobre el desarrollo del encargo, incluyendo información sobre los costes finales incurridos, actuaciones realizadas, hechos conseguidos, indicadores de resultados y seguimiento, etc. Como consecuencia de la posibilidad de imputar los gastos generales y corporativos de las entidades que reciben las encomiendas, los trabajos realizados le cuestan a la Administración de la Junta de Andalucía, además de los costes reales incurridos en la ejecución de las actuaciones, un 6% más como máximo. En el caso de las encomiendas con Inturjoven, se imputan adicionalmente gastos de gestión y coordinación.

Para concluir sobre las cuestiones relativas a las encomiendas de gestión, debe señalarse quelas actuaciones encomendadas podrían haberse contratado directamente por las consejerías, evitándose con ello el coste imputado en concepto de “gastos generales y corporativos” y “gastos de gestión y coordinación”.a apuntado una serie de «incidencias» en las encomiendas de gestión a entidades instrumentales del Gobierno autonómico, entre ellas el hecho de que no se presenten «razones suficientes» para emplear dicha figura, tras lo que apunta que esos trabajos «le cuestan a la Administración de la Junta, además de los costes reales, un seis por ciento más como máximo».

Otras irregularidades de gasto

La Cámara de Cuenetas ha revisado una muestra de expedientes y documentos de gastos del ejercicio 2010 de las secciones presupuestarias más importantes en cuanto a liquidación del presupuesto. Se trata de las siguientes secciones, señalándose el porcentaje de importancia relativa de cada uno sobre el total del gasto corriente en bienes y servicios:

Servicio Andaluz de Salud: 59,94%.

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: 12,17%.

Consejería de Educación: 8,48%.

Consejería de Salud: 6,18%.

Consejería de Justicia y Administración Pública: 4,94%.

El SAS y las consejerías anteriormente señaladas representan el 91,71% del gasto ejecutado en capítulo II. Las conclusiones son demoledoras: 

1. No se redactan con detalle los factores que determinan la necesidad e idoneidad de cada contrato, y por tanto, el gasto y el impacto que ello representa en el presupuesto.

2. No aparece justificación del importe consignado en las distintas partidas que componen el presupuesto de licitación.

3. Tampoco se justifica la declaración de urgencia en los expedientes tramitados por dicha vía, ya que los motivos que la justifican son previsibles o simplemente no existen.

4. No hay claridad ni precisión ni detalle en los criterios de valoración para las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa para elegir al adjudicatario.

Además, en los expedientes tramitados por el procedimiento negociado sin publicidad no consta acta de negociación en 29 de los 39 contratos analizados. En los diez restantes, si bien hay acta, la 

misma no demuestra que haya existido tal negociación. Por ello, los presupuestos de licitación y adjudicación coinciden, no consiguiéndose ninguna rebaja en precios o mejoras añadidas.

Dado que los contratos menores sólo deben utilizarse previa y adecuada justificación de su necesidad, la Cámara apunta que no deben servir para atender obligaciones que, habitualmente, se hacen con contratos de servicios y que se refieren a gastos necesarios para el funcionamiento de la Junta de Andalucía, como son la vigilancia y la limpieza.

En cuanto al arrendamiento de bienes inmuebles, el procedimiento de adjudicación ha sido el excepcional o directo, no el procedimiento general que es el concurso. Pero, apunta tirando a dar, "esta forma de proceder siempre ha contado con el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio y de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Saqueo de Bankia: 27 consejeros de PP, PSOE, IU, CC.OO y UGT sin cualificación se pusieron sueldos millonarios

El saqueo de Bankia no para de arrojar sorpresas mientras el juez Andreu sigue tomando declaración a sus responsables, aunque por el momento nadie ha sido ni siquiera multado ni mucho menos ha ido a prisión. La UE ha recomendado que el banco deje de cotizar en bolsa, pero los consejeros de PP, PSOE, IU, CC.OO y UGT aún no han devuelto ni un solo euro de sus ostentosos sueldos, que oscilaban entre los 200.000 y los 500.000 euros anuales. Uno de los más “modestos” era el de Mercedes Rojo-Izquierdo, secretaria de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, que ha declarado como imputada ante el juez Fernando Andreu por el caso Bankia, y explicó que fue designada miembro del Comité de Auditoría del grupo pese a no tener conocimientos de contabilidad o financieros, ya que tiene estudios de Farmacia aunque no ha concluido la carrera.

Fuentes jurídicas citadas por “Público” señalaron que ella misma, como consejera del Banco Financiero y de Ahorro (BFA), matriz de Bankia, planteó reticencias a su incorporación a dicho Comité, pero que le contestaron que no se preocupara porque había “gente que sí sabía” en dicho órgano. Según datos del Banco de España, Rojo-Izquierdo, que fue asesora del Gabinente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid cuando ésta era ocupada por Aguirre, cobró sólo en dietas y retribuciones del BFA 144.000 euros en el año 2011. La misma compareciente aseguró que no fue informada, ni en su condición de consejera de BFA ni como miembro del Comité de Auditoría, de las reticencias del auditor Deloitte sobre las cuentas de la entidad.

También se ha sabido que según el informe anual de BFA de 2011, los autores del saqueo pertenecen a todos los partidos políticos y sindicatos: Rodrigo Rato (PP: 2.436.000 euros), Ángel Acebes (PP: 163.000), Pedro Bedia Pérez (CC.OO: 308.000), Francisco Baquero Noriega (CC.OO: 317.000), Luis Blasco Bosqued (empresario del PP) 178.000, José Manuel Fernández Norniella (PP) 672.000, Rafael Ferrando Giner (Bancaja) 307.000, José García Fuster (senador del PP) 265.000, Jorge Gómez Moreno (diputado del PSOE), 339.000; Agustín González González (alcalde del PP en El Barco de Avila 214.000); Mercedes de la Merced (PP), 376.000, Jesús Pedroche (PP) 204.000, Remigio Pellicer (empresario del PSOE) 302.000; José María de la Riva Amez (UGT), 202.000; Estanislao Rodríguez-Ponga (PP), 355.000 Mercedes Rojo Izquierdo (PP), 374.000), Ricardo Romero de Tejada (PP) 270.000, Juan Manuel Suárez del Toro (Cruz Roja) 235.000, Antonio Tirado Jiménez (PSOE) 409.000, Angel Daniel Villanueva Pareja (PP) 307.000, José Luis Olivas (PP) 1.764.000, Arturo Fernández (CEOE) 278.000, Juan Llopart Perez (Grupo Zeta) 367.000; Francisco Javier Lopez Madrid (yerno de Villar Mir) 310.000, José Antonio Moral Santin (IU) 522.000; José Manuel Serra Peris (PP) 387.000; Virgilio Zapatero Gómez (PSOE) 366.000.

Un experto que ha ofrecido su criterio a “La Vanguardia”, ha explicado la situación de manera muy gráfica: “Entramos en el campo del surrealismo al analizar el consejo de Bankia. 27 miembros del consejo de BFA (matriz de Bankia), 12 millones de euros al año entre dietas y otras remuneraciones y creo que he dado sólo con uno de ellos que tuviera cierta experiencia en el sector financiero. Es muy probable que el resto no supiera ni como leer un balance de un banco tan complejo como Bankia. No os quiero hacer mala sangre, pero la mayoría de vosotros, ni con MBA ni 15 años de experiencia profesional, ni trabajando 14 horas al día tendréis ni por asombro estos sueldos, ya no os digo por ir a unas cuantas reuniones al año”.