Gol en propia meta de Invercaria
La empresa de la Junta invirtió sin plan de negocio 1,2 millones en Hergos, actualmente en concurso de acreedores
La Junta, a través de su empresa de capital riesgo Invercaria, se metió un gol en su propia meta. De la mano del exfutbolista del Betis Vlada Stosic (Serbia, 1965), quien le vendió acciones, la sociedad pública se embarcó en una aventura empresarial que le ha dejado un pufo de 719.991 euros al acabar 2009. Hace seis años adquirió por 799.986 euros el 25,8 por ciento de las acciones que el actual director deportivo del club sevillano poseía en la empresa Hergos Sistemas Digitales y Ergonómicos SL, especializada en la fabricación de cajeros automáticos y puntos de información multimedia. Stosic, que jugó también en el Mallorca, destacó en la década de los 80 y 90 porque tenía muy buena llegada al área y era un eficaz anotador desde la media distancia.
Al contrario de lo que sucede a Invercaria, que, una vez más guiada por su fallido olfato para las inversiones, apoyó, sin mediar ningún plan de negocio, a la empresa fundada en 2002 por Antonio Ceballos Couñago y con el exdeportista balcánico como su socio inversor, quien se desvinculó poco después de la empresa radicada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tras invertir casi 800.000 euros, le concedió un préstamo participativo de 400.000 euros. En total, desembolsó 1,19 millones, dinero que no va a recuperar. En las cuentas de 2009 Invercaria dotó como «deterioro» 719.991 euros, después de que Hergos cerrara el ejercicio con unas pérdidas de 2 millones de euros. En septiembre pasado, la firma solicitó un concurso de acreedores, paso previo a su posible liquidación, dejando un reguero de nóminas sin pagar a trabajadores y deudas. Stosic ya no estaba en la compañía. Las irregularidades laborales se saldaron con una sanción de la Consejería de Empleo en abril de 2011. Desde octubre está en manos de un administrador concursal.
Hergos se ha convertido en un agujero negro para los fondos públicos, uno más de una larga lista de empresas participadas por Invercaria. Es un efecto más de la falta de procedimiento a la hora de seleccionar sus inyecciones de capital, sin propuesta de inversión ni plan de negocio.
Laura Gómiz, sucesora de Tomás Pérez-Sauquillo como presidenta de la empresa de la Junta hasta el 21 de febrero, admitió irregularidades en la concesión de fondos en una conversación grabada por un exdirectivo suyo, Cristóbal Cantos, despedido tras negarse a hacer informes falsos.
Invercaria es propiedad de IDEA, la agencia dependiente de la Consejería de Innovación a la que la Junta desvió los pagos de los ERE irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya.
Invercaria compró parte de sus acciones a Stosic, que poseía el 50% del capital, aunque fuentes próximas a él especificaron que nunca tuvo cargo ejecutivo. El verdadero impulsor fue su socio,Antonio Ceballos, que era el director general. «Metí dinero porque me hablaron de una patente muy interesante [de una máquina ergonómica], pero al poco tiempo me quité de enmedio», declaró Stosic a ABC.
Gómiz: «Nos la han pegado»
En la citada grabación, publicada por ABC, Gómiz confesó que «desde el primer momento entré en Hergos sin haber analizado la empresa en el consejo de administración». Entonces —relata a su subordinado en su conversación en abril de 2011— «me doy cuenta de que el administrador... las cuentas que nos habían puesto tenían un agujero ¿Vale?». Una deuda de 700.000 euros, precisó. Reconoce que «nos equivocamos todos» al invertir en Hergos, donde ella era consejera, y que tanto en esta empresa como en otras «nos la habrán pegado».
La firma sevillana, en una UTE con Sadiel SA, fue contratada por la Consejería de Empleo a finales de 2006 para instalar unas innovadoras máquinas que permitían a los demandantes de empleo sellar la cartilla del paro con su huella dactilar. A cambio del encargo, recibió 6,9 millones.
Valenciano se desmarca de Electria
La número dos del PSOE, Elena Valenciano, se desvinculó ayer de Electria, empresa ligada a Quico Mañero. Fuentes cercanas a ella precisaron que no estaba casada con Mañero cuando Invercaria invirtió 1,1 millones en la firma.
El «caso Invercaria» crece: la Fiscalía pide que se impute a cinco personas
Anticorrupción señala al ex presidente y a cuatro empresarios por presunta malversación
SEVILLA- Mientras la Junta de Andalucía –con la permisividad de su socio de Gobierno, IU– mira para otro lado, la Fiscalía Anticorrupción avanza en su investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en la empresa pública de capital riesgo Invercaria. En un escrito dirigido al titular del juzgado de Instrucción 16 de Sevilla pide que se impute al ex presidente de la sociedad Tomás Pérez Sauquillo por un presunto delito de malversación de caudales públicos por las ayudas concedidas a la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA). Solicitud que hace extensiva por este mismo delito al presidente y consejero delegado de la empresa malagueña Novasoft, Francisco José Barrionuevo; al consejero de Innovaes Formas de Comunicación S.L. Juan Antonio Bardón Rafael; a Francisco Carlos Gallardo Hill, como representante de Grupo Imagen S.L., y a Antonio Nieto Garrido, empleado de Invercaria.
La sociedad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía era una de las que la Cámara de Cuentas fiscalizó en su informe que dio origen a la investigación judicial. El órgano de control detectó que la empresa tenía un capital social de 710.000 euros del que un 40 por ciento (284.000 euros) era propiedad de Invercaria. Además, la empresa pública le otorgó varios préstamos participativos: en junio de 2007, 150.000 euros; ese mismo año, otros 150.000 en septiembre; en octubre, 150.000, 66.000 en noviembre; y 200.000 euros en junio de 2008.
Detalla la Cámara de Cuentas que a estas cantidades había que añadirle «la aportación al capital de FIVA realizada por Invercaria por importe de 284.000 euros así como las transferencias, por importe de 124.219,82 € en el ejercicio 2009, que le realiza para que pague sus deudas». En la práctica, con dinero público, se le inyecta esa cantidad para que una empresa «del sector privado, pueda hacer frente a sus gastos corrientes, principalmente a gastos de personal y arrendamiento».
Y todo ello pese a que, como constató el órgano de control andaluz, «se ha podido comprobar que, a pesar de ser una feria virtual, no dispone de página Web, comunicándonos Invercaria que se encuentra inactiva desde finales de 2009. Además, según información suministrada por el Registro Mercantil, las últimas cuentas depositadas son las correspondientes al ejercicio 2007».
Entre el accionariado de FIVA se encuentran los tres empresarios a los que la Fiscalía Anticorrupción les imputa un presunto delito de malversación de fondos públicos.
Se trata del primer paso concreto que da el Ministerio Público tras analizar la documentación de una de las empresas investigadas. La cifra podría aumentar en próximas fechas porque el juez instructor ya atendió una petición de la Fiscalía para recabar nueva información de 34 sociedades relacionadas con la empresa de capital riesgo dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Empleo.
La ex directora admite que no había resoluciones del consejo de la sociedad
Ideó una «cartita» sin firma para justificar inversiones menores a 450000 euros
SEVILLA-La sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía tenía autonomía para aprobar inversiones inferiores a 450.000 euros. A partir de esa cifra, y hasta 1,2 millones, necesitaba el visto bueno del consejo rector de la Agencia IDEA, el ente instrumental adscrito a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia del que depende Invercaria. Había un tercer grado de responsabilidad cuando se superaba esa cantidad de 1,2: el Consejo de Gobierno que preside José Antonio Griñán.
Si como Laura Gómiz reconoce en las grabaciones no existían expedientes de varias empresas, en la práctica, tanto ella como sus predecesores en el cargo tenían libertad absoluta para decidir el destino de 450.000 euros sin que ningún órgano superior controlara ese dinero. Y así apuntan los indicios que sucedió.
En un momento de la conversación que mantiene con uno de los empleados admite que no existe certificado del consejo de administración de Invercaria con la resolución de la propuesta de inversión. Se supone que ése sería el documento final de un expediente correctamente tramitado, cuando los órganos directivos de la sociedad asumen la operación y dan el visto bueno para cerrarla. Ante la ausencia de ese documento, la ex directora ofrece una solución: «Que las que no tenemos certificado del consejo, voy a hacer una cartita modelo que esté solamente sellada por Invercaria, en la que diga: ‘Operación con límite inferior a 450.000 euros’...».
Como en su día no se hizo ese trámite y para evitar cualquier problema ante la inspección de la Cámara de Cuentas, Laura Gómiz insiste: «Es una carta modelo que voy a hacer yo que vamos a poner el sello. Y ya está ¿sabes? y esto es lo que vamos a meter. Del resto, el certificado del Consejo –en aquellos expedientes en las que no se omitió este procedimiento–».
En este punto, el paralelismo con la «trama de los ERE» es grande, toda vez que la Dirección general de Trabajo y Seguridad Social –el centro directivo en el que se tramitaban las prejubilaciones y las ayudas directas a empresas– también tenía autonomía para conceder cantidades inferiores a 450.000 euros. Al pagar a través de la Agencia IDEA, se acogía a los mismos trámites y procedimientos y sólo cuando las subvenciones superaban los 1,2 millones tenían que pasar por el Consejo de Gobierno.
El aspecto más importante de los nuevos expedientes es que las aportaciones hechas a posteriori sirvieran como justificante de la inversión. Laura Gómiz se lo aclara a un empleado de los que participa en este trabajo: «... Bueno, Iactive es anteriormente cuando nosotros la teníamos para que salieran las valoraciones que sean acordes y demás pero.. lo que es la literatura la puedes poner muy parecida. Cambia alguna cosa. Ponle algunos condicionantes y todas esas cosas ...».
El trabajador obediente le da la razón: «No, la verdad es lo que tú dices. Ahora saldrán las incoherencias de lo que haya...».
La reconstrucción de expedientes para meterlos en el nuevo sistema informático no era completa. En otro momento de la reunión, Gómiz da a entender que no existen muchos datos de seguimiento de las inversiones que se hacían –en 2009, de las 39 empresas en las que invirtió la sociedad de capital riesgo, 30 acabaron con pérdidas–. De hecho, señala que «lo del Seguimiento por ejemplo vamos a cogernos y vamos a poner el IPO –Oferta Pública Inicial– del que partimos. O sea, yo metería, metería desde que hemos entrado, vamos a cortar».
Sánchez Cuerda dice que se reunió más de cinco veces con el exdelegado de Empleo, Antonio Rivas y con el mediador Juan Lanzas
Los empresarios propietarios de La Raza, Pedro Sánchez Cuerda yJosé Ignacio de Rojas, en el juicio de Mercasevilla.
Sánchez Cuerda, el primero en testificar, ha admitido que en una reunión con Daniel Ponce y Regla Pereira éste le dijo que para concederle la subvención tenía que pagar una comisión de 300.000 euros. El testigo ha explicado que Ponce le propuso que llevara el dinero en un maletín y lo dejara olvidado en un despacho. En este sentido Sánchez Cuerda ha asegurado que Ponce le dijo que la Junta siempre que daba una subvención pedía a cambio un porcentaje a titulo de comisión.
El empresario, que ha admitido que se reunió al menos en cinco ocasiones con el delegado de Empleo, Antonio Rivas, para hablar de la subvención a La Raza y que en esas reuniones estaba el mediador Juan Lanzas, ha dicho que en la cita con Ponce éste le explicó que tenia dos noticias, una buena y otra mala. La buena era que que le habían dado la subvención y la mala que había dos gastos no previstos: una acometida eléctrica de 150.000 euros y luego que la Junta de Andalucía solicitaba 300.000 euros como un dinero que no tenía explicación. De hecho, le preguntó si había factura y Ponce le contestó que estaban acostumbrados y que la Junta cuando daba una subvención siempre había que darle un porcentaje a titulo de comisión.
«Pensé que me estaban robando», ha dicho el empresario que también ha admitido que se quedó estupefacto y luego habló con su socio y comentaron que debían tener alguna prueba. Por eso decidieron llevar una grabadora a la siguiente reunión porque, si se volvía a repetir este soborno, tendrían pruebas.
Luego ha explicado la segunda reunión en enero de 2009, que ya fue grabada, con Mellet y Ponce y su socio, José Ignacio de Rojas.
El empresario ha reiterado como le dijeron aquello de que «la Junta colabora con quien colabora» y la frase de los «niños saharauis y los carteles de Felipe González».
También ha dicho que le propusieron una especie de subvención para intentar revestir el tema de legalidad. O que incluso hubo un regateo. «Yo no me fié de ellos porque sabía que me estaban estafando y también nos extrañó el regateo», ha dicho.
Sánchez Cuerda ha admitido que tras entregar la grabación a laJunta de Andalucía, Mellet volvió a llamarle en actitud «muy nerviosa» y desdiciéndose de lo que le había pedido. «Me dijo que nos olvidáramos y que no iban a solicitar nada». Ahora pregunta el abogado del PP.
Antonio Rivas: «No tengo conocimiento como responsable de ningún ERE falso»
El exdelegado de Empleo indicó que pidió la baja del PSOE porque «hay que asumir la responsabilidad».
SEVILLA- Antonio Rivas Sánchez es el hombre más buscado en la provincia. Probablemente, como apuntan fuentes políticas de Camas, «ni siquiera está aquí, sino en Chipiona». «Refugiado» de la que está cayendo, y «lo que te rondaré, morena». La caja de los truenos de los ERE ha sido abierta, «desde el mismo Partido Socialista», apuntan fuentes del PSOE, en un proceso de «purga interna». La primera intención de Rivas, al otro lado del teléfono, es mantenerse al margen, «como hasta ahora». «No he opinado públicamente» de lo que está sucediendo, pese a estar en el epicentro del terremoto político. «Siempre remito a mi abogado», dice. Siempre, pero ayer, decidió hablar y, también, guardar algunos elocuentes silencios y giros dialécticos. «No tengo conocimiento como responsable de ningún ERE falso», defendió Rivas.
Introito: los visos de derrota del PSOE en las municipales –incluso en las autonómicas, en un feudo, Andalucía, en el que 30 años de Gobierno nos contemplan– provocan estas cosas. Objetivo: conservar un puesto, aunque sea orgánico, tras las elecciones «y todos no caben en la foto», aseguran fuentes del partido. Textualmente, «salvar el culo». La llave para un despacho, a veces, tiene forma de «dossier». Algo sabe de esto –«a la fuerza ahorcan»– Rafael Velasco y, como en las novelas policíacas, el principal beneficiado o beneficiada –paridad manda– de la desaparición política del ex vicesecretario general del PSOE-A. Antes, llegaron a manos de la juez de Instrucción 6, Mercedes Alaya, las grabaciones con la petición de comisiones a los empresarios de La Raza por parte de la cúpula directiva de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, a cambio de una subvención de Empleo. Rivas fue imputado. Después vino un presunto delito societario y un supuesto fraude en la venta irregular de suelos. Y poco después, los ERE.
Como una cosa lleva a la otra: ya son 70 los intrusos en los expedientes de regulación de empleo. Pese a ello, el Parlamento rechazó ayer, otra vez, la creación de una comisión de investigación. Entre los beneficiados, están dos cuñados del exdelegado de Empleo y el marido de una edil del PSOE de Camas, el feudo que dirigía Antonio Rivas hasta que presentó su dimisión en la Ejecutiva socialista la pasada semana. De los puestos de responsabilidad gubernamental dimitió a los dos meses de su imputación. «Le han aguantado en el cargo hasta que han podido», señalaron fuentes socialistas, argumentando que «el partido le debe mucho a Rivas» y que éste «podría haber ocupado el puesto que hubiera querido». Se conformó con la Delegación de Empleo tras la Alcaldía de su municipio de cuna, Camas.
Rivas niega su responsabilidad como delegado de Empleo en las irregularidades en los expediente de regulación de empleo. «No tengo nada que ver» con los intrusos, dice. «Hay que preguntarle a ellos mismos», en relación a los beneficiarios, indicó, «agradecido» de poder explicar su versión de los hechos. Fuentes del Ayuntamiento camero señalaron que de los beneficiados por los ERE, García Prieto «era su mano derecha»; Ricardo Medina, «su hombre de confianza, su chófer, el que le recogía los niños en el colegio»; José Antonio Márquez y José Acebedo, «sus cuñados»; y Juan Manuel López Espada, «el marido de su concejal de Festejos», la también dimitida Concepción Ávila, apartada ayer de las listas del PSOE de Camas.
Antonio Rivas renunció a sus puestos en el PSOE «tras conocerse que un compañero de Camas estaba» entre los intrusos. «Por eso pido la baja», indicó. «No tengo conocimiento como responsable». ¿Entonces, por qué dimite? «Porque hay que asumir la responsabilidad», responde, eludiendo pronunciarse sobre si se siente respaldado por su partido, que no ha presentado cargos contra él en el «caso Mercasevilla» y hoy tratará su salida del PSOE.
CASO MERCASEVILLA | El ex delegado de Empleo en Sevilla
Griñán ya tiene un culpable de corrupción
Antonio Rivas se ha convertido en el primer alto cargo de José Antonio Griñán declarado culpable por corrupción. El jurado popular del caso Mercasevilla considera probado que el ex delegado de Empleo en Sevilla entre 2000 y 2010 instigó la petición de una comisión ilegal de 300.000 euros a unos empresarios a cambio de concederles una subvención de 900.000 euros de la Junta de Andalucía, por lo que emitió ayer un veredicto de culpabilidad contra Antonio Rivas, Fernando Mellet y Daniel Ponce, estos últimos director y subdirector del mercado público de mayoristas.
Por lo tanto, al presidente Griñán se le desmonta la leyenda urbana, el falso mito que construyó como argumentario contra las acusaciones de corrupción: «En los treinta años de gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, ningún alto cargo ha sido condenado».
Rivas no está técnicamente condenado porque será el tribunal el que deberá redactar el fallo, pero su futuro inmediato avanza de manera inexorable hacia una condena después del veredicto del jurado. Pese a ello, sería injusto atribuir a Rivas el haber sacado a la Junta de Andalucía de la edad de la inocencia, porque antes que él fueron condenados por corrupción al menos tres altos cargos de gobiernos de Manuel Chaves.
De ese modo, Rivas es ya al menos el cuarto alto cargo de la Junta de Andalucía hallado culpable por corrupción. Durante sus diez años como delegado provincial de Empleo en Sevilla gozó de la confianza de dos presidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y convivió con tres consejeros, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio.
Varapalo a las tesis del PSOE
Rivas está implicado en el caso Mercasevilla desde el momento en el que Fernando Mellet, ex director del mercado de mayoristas grabado por dos empresarios a los que intentó extorsionar, declaró ante la Policía Judicial que actuó por órdenes del delegado de Empleo.
No obstante, la Junta de Andalucía y el PSOE salieron siempre en defensa de Rivas incluso después de haber sido imputado. Casi un año después de su dimisión como alto cargo, el PSOE retiró la acusación contra Rivas en el caso Mercasevilla al considerar que los indicios contra él eran «débiles».
El veredicto del jurado supone, por tanto, un varapalo a las tesis del PSOE, que mantuvo a Rivas en el cargo pese a haber sido imputado y que, aun después de dimitir como delegado de Empleo en Sevilla, lo mantuvo como miembro del comité director, el máximo órgano entre congresos del partido, y de la ejecutiva provincial de Sevilla.
De hecho, una vez que dimitió Rivas, el presidente Griñán lo apoyó públicamente y se mostró «convencido de que la Justicia le dará la razón». Además, dijo que tendría abiertas las puertas de la Junta en el caso de salir absuelto.
Las del PSOE no se le cerraron hasta casi un año después de dimitir. La baja de Rivas no se anunció hasta después de que EL MUNDO desvelara que un concejal del municipio sevillano de Camas era intruso en uno de los ERE financiados por la Junta. Rivas había sido secretario general del PSOE de Camas y alcalde del municipio hasta antes de incorporarse a la Junta.
Días después, este periódico desveló también la prejubilación fraudulenta de dos concuñados de Rivas y de otros dos vecinos de Camas en ERE financiados por el fondo de reptiles. Uno de esos dos vecinos es un destacado militante socialista y el otro, el marido de una concejal del PSOE que dimitió tras publicarse la noticia.
El primer eslabón
La implicación de Rivas se extiende también a la trama de los ERE, donde está imputado. La Guardia Civil lo calificó en uno de sus atestados como«el primer eslabón de una cadena» que acababa con la inclusión de intrusos en las prejubilaciones pagadas por el fondo de reptiles de la Junta.
En este sentido, hay que recordar que el escándalo de los ERE surgió a raíz del caso Mercasevilla, con el que está íntimamente ligado. El mercado de mayoristas de Sevilla presentó dos expedientes de regulación de empleo, uno en 2003 y otro en 2007, ambos financiados por el fondo de reptiles de la Junta de Andalucía, ambos con la mediación de otro personaje clave en la trama, el conseguidor Juan Lanzas, y en uno de ellos al menos con un intruso, un dirigente del PSOE del municipio jienense de Baeza llamado Antonio Garrido Santoyo.
El origen del caso
El caso Mercasevilla se originó cuando dos empresarios sevillanos, socios del grupo hostelero La Raza, grabaron una reunión con Fernando Mellet y Daniel Ponce en la que éstos le solicitaron 450.000 euros de comisión por haber conseguido que la Junta de Andalucía subvencionara con 900.000 euros una escuela de hostelería sobre los suelos del mercado que gestionaría y explotaría el grupo La Raza.
La Junta conoció el intento de extorsión antes que nadie, puesto que los empresarios advirtieron a Juan Gallo, entonces jefe de gabinete de Manuel Chaves, al que conocían de verse en los partidos de fútbol del Real Betis, de que en una reunión con un directivo de Mercasevilla les habían sugerido la entrega de una comisión en un maletín que podrían dejar «olvidado». El jefe de gabinete de Chaves los instó a obtener una grabación y, cuando lo lograron, los empresarios se la entregaron en mano.
Cuatro semanas después de conocer la primera denuncia de los empresarios, la Junta de Andalucía se limitó a remitir a la Fiscalía de Sevilla el CD de la grabación con un escrito muy escueto en el que no se indicaba el contenido del disco.
No obstante, doce días antes de dirigirse a la Fiscalía sin advertir qué contenía el CD, la Junta informó al entonces alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, y cuatro días antes de la denuncia el consejo de administración de Mercasevilla acepta la dimisión de Fernando Mellet e incluso lo felicita por su gestión.
A la falta de convicción de la Junta se unió la lentitud de la tramitación del asunto por parte de la Fiscalía. Dos meses y medio después de que el asunto llegara al fiscal, y ante las noticias aparecidas en la prensa, el entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y hoy alcalde, Juan Ignacio Zoido, denunció los hechos en los juzgados y la investigación recayó en Mercedes Alaya, que investiga además el amaño de un concurso y un delito societario en Mercasevilla.
«La trama de los ERE»
Los intrusos de los que Rivas se desentiende «le traían hasta el agua»
El exdelegado de Empleo de la Junta dice ahora no tener relación «como responsable» con los presuntos expedientes laborales falsos que le salpican
SEVILLA- Las ironías de la vida y de la cosa política provocan que el orto y el ocaso de un político, «un hombre de partido», como era considerado hasta hace poco –cuando la militancia del PSOE pasó a preferir evitar nombrarle–, puedan condensarse entre dos fechas y dos decretos. Referencia del Consejo de Gobierno de la Junta, a 31 de mayo de 2000: «Antonio Rivas Sánchez, nombrado delegado provincial de la Consejería en Sevilla, ha desempeñado desde 1991 y hasta la fecha el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Camas, Sevilla, y en la actualidad era diputado en la Diputación Provincial». Decreto 266/2004, de 18 de mayo de 2010, «por el que se dispone el cese de don Antonio Rivas Sánchez como delegado provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Sevilla». Hasta la semana pasada, Rivas conservó sus cargos orgánicos. Los dejó, dicen en el partido, para que no tuvieran que verse en la tesitura de echarlo. Un penúltimo servicio.
En nueve líneas de un decreto cabe el final institucional de Rivas. Más palabras contiene la investigación del «caso Mercasevilla» por el que está acusado de cohecho y su presunta relación con las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), con varios intrusos próximos a él.
Rivas aseguró a este diario que no tiene «conocimiento como responsable de ningún ERE falso», dejando entreabierta la posibilidad de que fuera otro y no él quien incluyera a sus allegados en las prestaciones. Dimitió porque «hay que asumir la responsabilidad» y asegurando que «no tengo nada que ver» con los intrusos.
Fuentes municipales de la época de Rivas como alcalde recuerdan que, de los implicados, García Prieto «era su mano derecha»; Ricardo Medina, «su hombre de confianza, su chófer, quien le recogía a los niños del colegio»; José Antonio Márquez y José Acebedo, «sus cuñados»; y Juan Manuel López Espada, «el marido de su concejal de Festejos», la dimitida Concepción Ávila, apartada el viernes de las listas socialistas de Camas. «Estas personas, si Antonio Rivas lo pedía, le traían el agua», aseguran estas fuentes, indicando que «no es una exageración, es textual». «Forman parte de su círculo íntimo», señalan.
Hace poco más de un mes, Rivas se reunió con los secretarios locales de los partidos cameros –como cada cuatro años, desde que se convirtió en el jefe del PSOE local tras un breve paso por la fábrica de Cruzcampo– para debatir un acuerdo de mínimos para la campaña. Se le notaba «anímicamente bajo», como últimamente, y era por algo más que «sus problemas de espalda», que le acompañan años atrás.
Antes de la trama de los expedientes de regulación de empleo irregulares, está la presunta petición de comisiones a empresarios a cambio de subvenciones; y antes, el «caso Camas», en el que los imputados señalan a Rivas como el «cerebro» de una «trama-trampa» para conseguir la Alcaldía. Uno de los afectados desveló que Rivas le ofreció «ser gerente de una empresa pública» a cambio de propiciar el acceso del PSOE al Ayuntamiento. También fue investigado en 2004 por el cobro de comisiones en Camas. En 2001, el Ayuntamiento firmó un «pelotazo» urbanístico, el de los Hallones, que quedó paralizado con la llegada a la Alcaldía de Agustín Pavón, Antonio Enrique Fraile y José del Castillo. «He pisado muchos callos en mi carrera», comentó Rivas a la salida de una comparencia judicial. En el PSOE, que no le ha denunciado, hasta hace poco defendían su continuidad porque «colabora con la Justicia». Ya le han buscado sustituto: Juan García Baena. Cuando LA RAZÓN preguntó a Rivas si se siente respaldado por el PSOE, primero, guardó silencio; después, cambió de tema. El tiempo dirá si fue otro servicio al partido.
«Muchos callos» y muchas portadas
- La expresión que utilizó el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas para explicar su implicación en el «caso Mercasevilla» se evidencia en las numerosas informaciones que le han relacionado, de una manera u otra, en distintas presuntas tramas y supuestas irregularidades desarrolladas en la provincia. El «caso Camas», el convenio de los Hallones, la investigación de comisiones en el Consistorio camero, Mercasevilla, el intrusismo en los expedientes de regulación de empleo, entre ellos.
Otro millón para una fundación opaca
Innovación y Empleo concede 967.896 euros a Andalucía Emprende, reprendida por la Cámara de Cuentas debido a su política de contratación
SEVILLa- El trasvase de dinero del Gobierno andaluz a la administración paralela es constante, pese al déficit de control y de transparencia que existe en esta tupida red de entes, tal y como han puesto de manifiesto reiterados informes de la Cámara de Cuentas, la Intervención General, además de sindicatos y plataformas de empleados públicos. La Consejería de Economía, Innovación y Empleo de la que es titular Antonio Ávila ha aprobado, en una resolución del pasado 25 de septiembre, conceder una subvención excepcional de 967.896 euros a la Fundación Andalucía Emprende. Entre las acciones objeto de la abultada subvención, según recoge el BOJA del pasado 10 de octubre, están la promoción del cooperativismo en el sistema educativo (120.000 euros), encuentros de dinamización empresarial (191.896 euros), planes provinciales (276.000 euros) o la red de cooperación de emprendedoras (23.000 euros). Estas acciones están cofinanciadas en un 80 por ciento con recursos del Programa Operativo Fondo Social Europeo (2007-2013). Precisamente unas asignaciones de la UE que van a disminuir drásticamente –el recorte puede ser de un tercio– en el nuevo marco hasta 2020 que se está negociando en este momento. Andalucía ha recibido casi 15.000 millones de fondos estructurales en el periodo 2007-2013.
El aprovechamiento de los ingentes fondos europeos –un escenario que no volverá a repetirse–merece en sí un capítulo. Lo llamativo en este caso es la falta de transparencia y control en una fundación como Andalucía emprende receptora de pingües subvenciones. Es oportuno recordar varias cosas. La primera es el informe de la Cámara de Cuentas sobre «Cuenta General, contratación administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial 2009» que vio la luz a principios de 2011. Señalaba que las fundaciones de la Junta aumentaron su plantilla en un solo año –con la crisis económica en apogeo– en 1.320 personas, alcanzando los 6.380 empleados. Ese año en Andalucía 132.115 personas se fueron al paro, según recoge el Inem. El aumento –«ni explicado ni motivado», según el órgano fiscalizador– se concentró especialmente en la Fundación Andalucía Emprende, que aumentó su plantilla en 744 empleados. Más de la mitad de los contratos, según la Cámara de Cuentas, se adjudicaron a través de un procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, sin concurso público y libre concurrencia.
Esta falta de transparencia viene de lejos. La Cámara de Cuentas hizo un informe específico relativo al ejercicio 2006. En las conclusiones ponía de relieve un rosario de disfunciones y presuntas irregularidades.
La licitación de un buen número de contratos se publicitaban sólo a través de la página web de la fundación, «concediendo unos plazos muy breves de presentación de ofertas a las empresas, que llegan a ser de 3,4 y 5 días. Esta práctica no puede considerarse apropiada (…) y restringe de tal manera la concurrencia que no es acorde con las normas y principios de la contratación pública». Ocurre lo mismo en materia laboral: «La naturaleza de la fundación pública debería ocasionar que en la contratación de su personal se utilizaran convocatorias públicas, no sólo publicadas en su página web y con criterios objetivos previamente establecidos». Pese a la vulneración de la igualdad de oportunidades para el acceso a un puesto público –teóricamente consagrada en los artículos 23.2 y 14 de la Constitución–, la fundación, paradójicamente, recoge en su primer Convenio Colectivo (2008-2009), artículo 11, que «la selección del personal se hará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», conforme a la Ley 10/2005, que regula el régimen jurídico de las fundaciones de la comunidad autónoma. El coste de la masa salarial ya ascendía en 2006, antes del aumento exponencial de la plantilla, a 9,9 millones de euros.
La actual directora gerente es Vanessa Bernad González. Fue nombrada a propuesta del titular de Innovación el pasado 12 de junio. En el cargo le precedió Francisco Álvaro Julio, presidente de la sociedad de capital riesgo Invercaria que investiga un juzgado por elaborar presuntamente informes falsos. Fue precisamente Álvaro Julio el que tuvo que comparecer ante los medios al trascender una grabación en la que la ex presidenta de Invercaria, Laura Gómiz, instaba a un subordinado a elaborar estos expedientes ficticios y le aseguraba, entre otras cosas, que si «me comprometiera con la ética, no estaría trabajando en esta organización».
35.000 euros para un sistema de información de un observatorio
F. Martí
En el amplio catálogo de entes que conforman la «administración paralela» autonómica también se encuentran los observatorios. La Agencia Pública de Puertos de Andalucía –que depende a su vez de la Consejería de Fomento y Vivienda– ha adjudicado mediante una resolución del día 4 un contrato de 35.000 euros para poner en marcha «el sistema de información del observatorio andaluz de la logística». Se da la circunstancia de que este organismo fue creado hace ya más de dos años mediante una Orden de 13 de mayo de 2010. Su función era precisamente esa: «Capturar la información sobre los flujos de mercancías en Andalucía, aportar información sobre los recursos logísticos existentes, elaborar prospecciones sobre las tendencias de la logística, impulsar conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías y ofrecer información a las empresas del transporte para facilitar su modernización». Ahora se recurre a una empresa externa para dotar de contenido a un observatorio que depende de una agencia y que a su vez está adscrita a una Consejería. El adjudicatario es el Instituto Ildefons Cerdá, con sede en Cataluña. Por el contrato se interesaron también empresas con sede en Andalucía.
La Junta ha perdido más de 30 millones de euros con Invercaria
El fondo público ha invertido 60 millones de euros en numerosas operaciones ruinosas y sin control«Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización». Así justificó Laura Gómiz, máxima responsable deInvercaria hasta el pasado 21 de febrero, la necesidad de hacer falsos expedientes para ocultar las irregularidades cometidas por esta agencia. Pero más allá del dinero prestado sin control ni «criterio» (la Cámara de Cuentas detectó este tipo de créditos irregulares por importe de, al menos, 50 millones de euros), el factor más lesivo para las cuentas públicas ha sido la desastrosa gestión de los dos presidentes que se han sucedido al frente del fondo: la propia Gómiz y Tomás Pérez-Sauquillo.
El saldo es demoledor. A lo largo de los últimos cuatro ejercicios, losnúmeros rojos de Invercaria superan los 30 millones. Sólo en 2010, las pérdidas ascendieron a 11 millones, casi un 60% más que en el año anterior, cuando se situaron en siete millones. Hasta 2008, Invercaria había sumado un resultado negativo de dos millones. Y aunque las cifras de 2011 aún no están cerradas, a juzgar por la evolución de sus empresas participadas, no serán mejores que las anteriores.
Cambio de modelo
¿Cuál es el origen de este agujero negro? Invercaria nació en 2005, cuando la Consejería de Innovación decidió reestructurar el antiguoInstituto de Fomento de Andalucía, el equivalente autonómico de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales). Para ello, transformó esta institución en la Agencia de Innovación (Idea), para «adaptar su funcionamiento a las necesidades de los nuevos sectores estratégicos».
Bajo esta misma premisa, en el seno de la nueva Agencia Idea —la misma que ha gestionado el denominado «fondo de reptiles» de 647 millones del escándalo de los ERE— se creó el fondo público Invercaria, destinado a «reorientar los apoyos de la Junta a los proyectosque destaquen por su componente innovador».
La fórmula elegida para canalizar estas inversiones fue la de unasociedad de capital riesgo (cuyo objetivo es tomar participaciones en compañías con potencial de crecimiento). Por lo tanto, el gran reto era, supuestamente, fomentar la consolidación de un tejido de firmas tecnológicas.
Pero siete años después, Invercaria acumula en su balance decenas de inversiones fallidas, frente a un grupo muy limitado de éxitos. Y es que, al margen de los 30 millones de pérdidas que arrastra en los últimos cuatro ejercicios, ha desembolsado más de 60 millones para entrar en el capital de 250 compañías. Y para valorar el acierto de estas operaciones, sólo hay que estudiar la situación actual de su cartera de participadas, que es realmente crítica. Según el informe de laCámara de Cuentas, en 2009 Invercaria tenía acciones en 40 compañías, de las que sólo cinco registraban un resultado positivo. El resto estaba en números rojos.
La culpa de estos pinchazos económicos no se debe, en exclusiva, a la crisis. Muy al contrario, desde 2005 la sociedad pública ha protagonizado numerosas transacciones sobre las que sobrevuela la sombra del tráfico de influencias. El gran ejemplo es Andalus Líneas Aéreas, presidida por José María Martín Delgado, consejero de Cultura en el segundo Gobierno deManuel Chaves, y que sólo estuvo operativa un año y medio. La aerolínea le costó al bolsillo de los andaluces 1,11 millones, a través de dos préstamos participativos.
En paralelo, participó en empresas que, como Vitelcom (fabricante de teléfonos móviles), fueron sonados fracasos. De hecho, esta sociedad, que entró en concurso con una deuda de 174 millones en 2007, había recibido un crédito de seis millones un año antes. A esto se añaden maniobras que se contradicen con sus objetivos fundacionales (el cambio de modelo económico), ya que la Junta utilizó también Invercaria para solucionar sus problemas en otras empresas públicas, tal como ocurrió en 2006, cuando rescató a Fasur, proveedor de la extinta Santana Motor, con la toma del 62% de su capital. Y como telón de fondo, la auditoría de la Cámara de Cuentas en la que se señala que una parte sustancial de sus fondos se concedieron de manera opaca, y esa frase de la expresidenta, Laura Gómiz, de que «todos los que están por encima lo conocían».
El desembolso en nóminas ha crecido anualmente hasta superar los 1,8 millones
Invercaria quintuplicó el gasto en personal pese al agujero de 20 millones
Sevilla- La sociedad de capital riesgo de la Junta Invercaria aumentó año a año, a pasos agigantados, el gasto en personal, pese a incurrir en inversiones ruinosas y a registrar pérdidas millonarias. Hay muchos ejemplos de esta fallida política de inversión, que se regía por criterios arbitrarios y carecía de procedimiento, según un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Ejemplos como el de EDM, agraciada con 4,7 millones de Invercaria y del «fondo de reptiles» y que quebró a los siete meses de recibir las ayudas; o el millón de euros que fue a parar a la Sociedad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva), que ni siquiera tenía página web y que cerró a los pocos meses de su creación. Sólo entre 2009 y 2010, Invercaria tuvo que inyectar 16,3 millones de euros a sus empresas participadas por encontrarse en situación de insolvencia, según denunció el PP. Las pérdidas acumuladas desde su creación en 2005 ascienden a 20.317.520 euros: 11.177.862,40 euros en 2010, el último ejercicio cerrado.
Aún así, el gasto en personal se ha quintuplicado entre 2005 y 2010, pasando de 335.293,34 euros a 1.878.186,66 euros, según se recoge en la memoria contable de la empresa inserta en la Cuenta General de la Junta. Invercaria se creó en marzo de 2005. Un año más tarde el gasto en personal ya se disparó hasta los 971.477 euros. Consta un promedio de 21 empleados, de ellos 15 titulados superiores y 6 administrativos. Los miembros del Consejo de Administración percibieron retribuciones de 110.345 euros. En 2009, el año fiscalizado por la Cámara de Cuentas en su polémico informe, el gasto ascendió a 1.859.511 euros y había 30 trabajadores. Los miembros del Consejo de Administración percibieron 121.220 euros «en concepto de sueldos y salarios y 23.400 por otros conceptos». En total 144.620 euros, más del doble de lo que gana hoy el presidente de la Junta. Entre los consejeros de 2009 figura el actual presidente, Francisco Álvaro Julio. Las cuentas de ese año las firmó, el 28 de junio de 2010, como presidente de la sociedad, Juan María González Mejías, sobrino de Felipe González.
En 2010 se redujo a 28 el número de trabajadores, así como la retribución de los miembros del Consejo de Administración (82.133 euros) y se eliminó la partida para «otros conceptos». Sin embargo, y aquí reside lo llamativo, el coste de personal siguió creciendo: 1.878.186. Desde julio de 2010 la presidencia de Invercaria la ostentó Laura Gómiz –antes directora general–, que conminó al ex director de Promoción, Cristóbal Cantos, a que hiciera informes falsos para tapar la falta de procedimiento en la otorgación de las ayudas, según reflejan unas grabaciones realizadas por Cantos que están en poder de dos juzgados y sobre las que informó LA RAZÓN.
La Cámara de Cuentas alertó, además, de graves irregularidades en la contratación de personal en el informe de 2009. «El procedimiento empleado para la contratación de personal no iba precedido de convocatoria pública ni se realizaba de forma que garantizara el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad», incumpliendo así la Ley de Administración de la Junta de Andalucía. El órgano fiscalizador detectó, además, que tres trabajadores, pese a ser contratados por Invercaria y «recibiendo retribuciones mensuales a cargo de ésta» (161.861 euros en total), «no prestan de forma justificada sus servicios en ella». En cuanto a la remuneración salarial, la Cámara de Cuentas señaló, asimismo, que «sólo cinco trabajadores recibían unas retribuciones brutas anuales totales que ascienden a 464.203,96 euros». «Esta cantidad supone más de un 32 por ciento de las retribuciones totales según dicho modelo y un 41,74 por ciento del importe de la subvención de explotación recibida en 2010 de la agencia IDEA para cubrir los gastos de explotación de 2009».
La agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Economía e Innovación, es la propietaria de Invercaria. A través de esta entidad se vehicularon también irregularmente los mil millones del «fondo de reptiles» del caso de los ERE entre 2001 y 2010.
Créditos al cero por ciento para directivos
sevilla- Según consta además en la memoria contable de Invercaria, «durante el ejercicio 2010 la sociedad concedió préstamos al personal de alta dirección por importe de 30.000 euros a tipo de interés de cero por ciento anual con amortizaciones mensuales». El saldo pendiente de estos créditos era de 53.000 euros a 31 de diciembre de 2010. En la memoria de 2009 Invercaria detalla que, a 31 de diciembre de ese año, «los administradores de la sociedad y la alta dirección no eran titulares de anticipos o créditos concedidos o avalados por la sociedad». Sin embargo, la Cámara de Cuentas sí recoge que «Invercaria tiene en el año 2009 préstamos concedidos a un total de 16 trabajadores, que suponen un importe total pendiente de reembolso a 31 de diciembre de 293.067 euros». Todo esto, cuando –según el órgano fiscalizador– «Invercaria no dispone de normativa interna reguladora de la concesión de préstamos al personal, entendidos como anticipos reintegrables, acordándose de forma unilateral por el presidente». La sociedad de capital riesgo no facilitó a LA RAZÓN el listado de personas que se han beneficiado de estos préstamos.
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