La Junta engañó con las cifras de su Plan de Exclusión Social

La Junta engañó con las cifras de su Plan de Exclusión Social

El PP, a través de su portavoz en asuntos sociales, Rosario Soto, se encargó ayer de desmenuzar las cifras para demostrar que, cuando menos, el gobierno de José Antonio Griñán infló las cifras dando una idea engañosa del volumen de las ayudas aprobadas. El bipartito, pues, según el PP, ha hecho trampas con sus medidas de exclusión que no es otra cosa que un ‘Plan E’ a lo pobre y sin consignación extraordinaria. Las partidas anunciadas, que la Junta elevó a 120 millones, se quedan en 76 en el BOJA, y provienen de los 777 millones que se recortan del presupuesto autonómico de 2013

Rosario Soto afirmó que el decreto de medidas de exclusión social aprobado hace unos días por el gobierno andaluz está “lleno de trampas” porque “no persigue la lucha contra la exclusión” sino que se trata de “una campaña de imagen en el que cada grupo del bipartito se reparte su trozo del pastel”. Soto dijo que es “falso” que se haya dotado a estas medidas de un crédito adicional de 120 millones, tal y como ha ‘vendido’ la Junta, ya que el decreto sólo recoge 76 millones –de los que cuatro estarían sujetos a modificaciones presupuestarias- y el resto, 44 millones, dependerían de que se superasen las previsiones de ingresos, algo que, dijo “no ocurrirá”.

Además, explicó que estos 72 millones consignados en el decreto no son extraordinarios, sino que provienen de partidas del presupuesto de la Junta de 2013 que han sufrido recortes. El recorte en este presupuesto de las partidas destinadas a gasto social ha sido de 777,7 millones de euros por lo que, a su juicio, el presupuesto de estas medidas tendría un saldo negativo de “menos 777,7 millones”.

En cuanto a las previsiones de la Junta sobre que se podrían crear 47.000 empleos a través de los Ayuntamientos con una partida de 60 millones, Rosario Soto dijo que se trata de “un ‘Plan E’ a lo pobre, con mucho voluntarismo zapaterista, pero sin criterios trazados para resolver el problema del empleo”. En este sentido advirtió que los contratos que contempla el decreto tendrían una duración sólo de entre 15 y 90 días, y que la consolidación de la ayuda a domicilio de la que habla el decreto es “demagogia” ya que pretenden que se realice fuera de los requisitos que marca la Ley de Dependencia y mientras “los cajones de las delegaciones provinciales acumulan expedientes que llevan más de dos años esperando a cobrar las ayudas concedidas”. Los informes sociales necesarios para esta ayuda a domicilio correrían también a cargo de los servicios sociales de los Ayuntamientos.

Por otra parte, dijo que el dinero destinado al Plan de Solidaridad Alimentaria, se “reparten” entre IU y PSOE. Así, aclaró que los cuatro millones que gestionaría la consejería de Diego Valderas, se repartirían entre ayuntamientos con una población menor de 20.000 habitantes, sin que se aclare bajo qué criterios, y pese a que todos los informes coinciden en que la pobreza está concentrada en las capitales. El resto se dividen entre la Consejería de Bienestar y Educación, para el plan de las “tres comidas” a los escolares con familias sin recursos, punto en el que Rosario Soto dijo que “preferiría” que se destinara ese dinero a aumentar las partidas del Salario Social para que fueran las familias las que alimentaran a sus hijos. Para Soto, este decreto se ha aprobado para “sacar rédito electoral y salvar los puntos de fricción entre el PSOE e IU” en el bipartito, concluyó.

Reto del PP al bipartito

La portavoz de Bienestar Social del Grupo Popular presentó una Proposición no Ley con medidas de lucha contra la exclusión social que se debatirá mañana jueves en el Parlamento, ante la que PSOE e IU tendrán que ‘retratar’ su verdadera “vocación social”. La iniciativa argumenta que el gobierno andaluz tiene las “herramientas” para luchar contra la exclusión. Entre el paquete de propuestas que hace el PP en su iniciativa se insiste en que la Junta salde la deuda que mantiene con las entidades sociales y las entidades locales lo que, a su juicio, sería una buena medida contra el paro: “si pagaran todo lo que deben sí que se crearía empleo estable y se evitarían despidos masivos”, afirmó.

El PP solicita la puesta en marcha de un nuevo Plan de Inclusión Social, tal y como viene prometiendo la Junta desde hace años; el cumplimiento de la financiación de los programas vinculados a políticas activas de empleo; y el abono “urgente” de las cantidades que debe las familias beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad”, entre otras.